Por Ana María
Vara. (Argentina). Licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y
doctora en Estudios Hispánicos por la Universidad de California. Periodista
científica, docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM).
La Argentina
adoptó cultivos genéticamente modificados -transgénicos- en un proceso de
intensificación agrícola y con vistas a los mercados internacionales, y es hoy
el segundo productor y exportador mundial de transgénicos después de los
Estados Unidos, sobre todo debido a su rápida adopción de la soja Roundup Ready
(RR), tolerante a glifosato. La adopción de maíz y algodón transgénicos ha sido
diferente. Hay un pequeño número de estudios sobre el impacto económico,
ecológico y -en menor medida- social de la adopción de transgénicos en la
Argentina, la mayor parte dedicados a la soja RR, que se analizan en este
artículo. El creciente debate público también se concentra en la soja RR.
Aunque la adopción de soja RR en la Argentina constituye un necesario caso de
análisis y debate -dado que ocupa la mitad de la superficie cultivada, y
representa un cuarto de sus exportaciones- se argumenta aquí que no constituye
un ejemplo generalizable ya que ha sido favorecido por un conjunto de
circunstancias peculiares. Esta situación marca la necesidad de realizar más
análisis acerca de la adopción del maíz y el algodón transgénicos para explorar
de qué manera la adopción de nuevos transgénicos puede ocurrir en el país, y
para alcanzar conclusiones que puedan generalizarse más legítimamente acerca de
cómo un país en desarrollo incorpora cultivos transgénicos.
1. Introducción
La autorización del poder ejecutivo
brasileño que permitió a los agricultores de ese país replantar soja
transgénica -otorgada en septiembre de 2003 como medida excepcional- representó
una decisión de alto impacto en la economía argentina (Folha Online, 2003).
Aunque pasó casi inadvertida para el gran público, la noticia fue recibida con
alivio por las autoridades agrícolas de nuestro país, ya que representaba la
confirmación de una política pragmática del gobierno de Luiz Inácio 'Lula'Da
Silva en relación con los transgénicos, la cual favorecía la posición argentina
en el comercio mundial. Se trataba de la segunda vez en el año en que el
gobierno de Lula tomaba una medida excepcional en relación con la soja
transgénica, una realidad de la agricultura brasileña por lo menos desde 1999
-y de la paraguaya- pese a la falta de autorización para su uso (Nature, 1999;
Meninato, 2001). Un decreto de marzo de 2003 ya había autorizado la
comercialización de la soja transgénica cultivada ilegalmente -con semillas de
soja RR, resistente al herbicida glifosato o Roundup Ready, llegadas de
contrabando desde la Argentina- en vistas a que representaba de 5 a 10 millones
de toneladas, es decir, entre el 10% y el 20% de la cosecha record de 51
millones de toneladas de soja de Brasil en ese año (Massarani, 2003a; The
Economist, 2003). El nuevo decreto excepcional había sido promovido por el
ministro de agricultura de Brasil con el argumento de que permitiría prevenir
la "desobediencia civil" de miles de productores del estado de Rio
Grande do Sul, que ya tenían las semillas de soja transgénica de cosechas
anteriores, y estaban decididos a volver a usarlas (Smith, 2003b).
En la Argentina, aunque se
oyeron algunas voces preocupadas por la competencia brasileña en el sector
agrícola, se destacó la voz del secretario de agricultura, Miguel Campos, quien
consideró la noticia auspiciosa en relación con el surgimiento de un bloque
hemisférico en favor de los transgénicos, integrado por Estados Unidos, Brasil
y Argentina (Mira, 2003). Campos podía tener en mente, en ese momento, un
informe realizado por expertos de la Cancillería argentina en 2001, momento en
que la oposición a los transgénicos en la Unión Europea (UE) había alcanzado un
pico que daría lugar a la aprobación de una legislación para regular el
comercio de transgénicos sumamente exigente (Lapan y Moschini, 2004), y que
suscitó la preocupación del gobierno argentino ya que parecía poner en peligro
las exportaciones de soja, en más del 90% transgénica. El estudio preveía que,
dado que Estados Unidos, Brasil y Argentina dominan la oferta internacional de
soja, en el momento que las variedades transgénicas fueran aceptadas en Brasil,
el mercado internacional de la soja se volvería "un mercado virtual de transgénicos".
Ante esta realidad, los mercados internacionales podrían moderar su rechazo,
para no tener que pagar sobreprecios elevados por soja no transgénica,
particularmente en aquellos países en que ésta es utilizada como forraje. El
informe concluía con una frase muy significativa: "el objetivo es ahora
una América Sojera transgénica" (Ablin y Paz, 2001, p. 24).
La preocupación de las
autoridades argentinas por la actitud de los mercados internacionales hacia los
transgénicos pone en evidencia una característica fundamental de la adopción de
estos cultivos en la Argentina: que su incorporación - de notable velocidad-
fue pensada dentro de un esquema fuertemente agroe x p o r t a d o r. Los
agroalimentos representan hoy alrededor del 50% de las exportaciones del país
-unos 15.000 millones de dólares- y únicamente la soja representa la mitad de
ese monto: el total de las exportaciones del complejo sojero - aceite, harina,
habas- fue de 7.097 millones de dólares en 2003. De hecho, aunque es el tercer
productor mundial de soja, dado su bajo consumo, la Argentina es el mayor
exportador de aceite y harina de soja (Kiguel 2004; Smith 2003a; Mira 2003;
Andreani 2003). Esta orientación agro-exportadora es un aspecto central que
debe considerarse al analizar la adopción de transgénicos en el país, ya que
sólo en este marco cobran sentido las decisiones tanto de agentes privados como
de agentes públicos, así como, en gran medida, el impacto que las mismas
tuvieron en el sistema económico y social. En relación con la controversia
internacional sobre transgénicos, el hecho de que la Argentina los haya
adoptado dentro de un esquema agroexportador también es relevante, debido a que
uno de los ejes de la discusión sobre transgénicos tiene que ver con la
denominada seguridad alimentaria -food securityes decir, con las medidas para
asegurar el acceso a los alimentos. Se trata de un eje particularmente visitado
por la industria biotecnológica internacional, que argumenta a favor de los
transgénicos por su potencial para aumentar la productividad agrícola.
Argumento al que los opositores a los transgénicos responden que no es una
mayor productividad lo que se necesita para aliviar el hambre en el mundo sino
una mejor distribución, la que depende de otras cuestiones (Nelkin, 2003).1 Comprender
la adopción de transgénicos en la Argentina exige ampliar ese marco e incluir,
entre otros, aspectos relacionados con el comercio internacional, y la forma en
que éste puede afectar la economía de un país en desarrollo.
Este trabajo analiza cómo la
Argentina adoptó la soja, el maíz y el algodón transgénicos en el marco de un
proceso de intensificación agrícola y con vistas a los mercados de exportación,
y revisa algunos estudios de impacto económico, ecológico y, en menor medida
social, hasta la fecha, para proponer elementos que permitan profundizar la
discusión sobre el papel que los transgénicos han cumplido y podrían cumplir en
la economía argentina, así como en otros países en desarrollo. El hecho de que
este análisis se realice dentro de un marco productivista no implica que se lo
considere el único relevante. Algo similar puede decirse con respecto a algunas
cuestiones de riesgo -es decir, científico-técnicas- en relación con la
controversia sobre transgénicos sobre las que este trabajo no avanza. Se trata,
simplemente, de una decisión metodológica que apunta a fijar el encuadre del
problema desde una perspectiva afín a la adoptada por los actores argentinos
involucrados. Así, el punto sin dudas más relevante de esta revisión tiene que
ver con el carácter "excepcional" (Trigo et al., 2002) de la adopción
de la soja RR que, aunque ha llegado a ocupar un papel notable en la economía
nacional, no debería ser tan central en la discusión sobre la cuestión general
de la adopción de transgénicos en países en desarrollo. La adopción del maíz Bt
y, sobre todo, del algodón Bt en la Argentina, podrían aportar elementos
sumamente importantes que no han sido analizados todavía con la misma
dedicación, ni en la discusión entre expertos ni en la discusión pública -si es
que puede establecerse legítimamente una distinción entre las dos, como sugiere
Noble y Tesh (2000) en relación, en general, con las controversias ambientales
y Wynne (2001), en particular, sobre la controversia sobre transgénicos.
2. La soja en el centro de
la controversia
2. 1. Comienzo con ventajas
Los transgénicos llegaron al
campo argentino durante un período de intensificación de la actividad agrícola
que se había iniciado en los años '70 y se profundizó en los '90, cuando fueron
superadas dos barreras simbólicas: la superficie de 25 millones de hectáreas
destinadas a la agricultura, y los 60 millones de hectáreas cultivadas
(Begensic, 2002a, p. 2). A pesar de que no todas las reformas estructurales de
los '90 tuvieron un impacto positivo en el campo -ejemplo obvio resulta el
cierre de muchos ramales como consecuencia de la privatización de Ferrocarriles
Argentinosel proceso, en términos generales, dejó saldos favorables en la
productividad total del sector agrícola, donde creció la inversión y se
incrementó el uso de agroquímicos y maquinarias. A esto se agregó el aumento de
los precios internacionales de productos de exportación tradicionales -y no
tradicionales- de la Argentina (como el trigo, el maíz y la soja) en particular
en la primera mitad de los años '90. La "agriculturización" del campo
argentino y la correlativa disminución de la actividad ganadera tuvo que ver
también con la necesidad de incrementar la rentabilidad de las explotaciones
(Trigo y Cap, 2003; Reca y Parrellada, 2001; Rapoport, 2000; Barsky y Gelman;
2001).
La soja fue introducida en
el país a comienzo de los años '70, y su producción fue creciendo
paulatinamente. En los años '90, la demanda se expandió significativamente, por
la mayor demanda europea primero -entre otras razones, por los acuerdos de
Blair House, que implicaron poner un límite a la superficie destinada a
oleaginosas en la UE (Ledesma, 2003) y luego por la mayor demanda asiática
(Ablin y Paz, 2001). Desde sus comienzos en el país, resultó ser un cultivo
apto para la llamada "siembra de segunda", que seguía a la cosecha de
trigo, papel en el que se habían probado otros cultivos de manera infructuosa.
A su vez, en esa segunda siembra resultaban apropiadas las técnicas de siembra
directa, que implican una mínima labor del suelo pero que requieren una
variedad de herbicidas, en particular, en el caso del cultivo de soja en la
Pampa húmeda (Peiretti 2001; Poverene y Cantamutto 2003). La soja tolerante a
glifosato -o soja RR, por Roundup Ready, nombre comercial del herbicida
desarrollado por Monsanto que completa el paquete tecnológico- resultó una
solución muy adecuada para este conjunto de problemas. Así, la adopción de este
primer transgénico en la agricultura Argentina y su combinación con las
técnicas de siembra directa determinan "un punto de inflexión a partir del
cual este cultivo inicia un crecimiento vertiginoso" (Begensic, 2002b, p.
3). En la temporada 1996/97, las 50.000 ha de soja RR representaban apenas el
0,7% de la superficie destinada a soja. En 1997/1998, había ya 1.756.000 ha de
soja RR, el 25% del total. Un año después, en 1998/99, la soja RR ya
representaba el 80% de este cultivo, con 5.600.000 ha. En 1999/2000, la
superficie de la soja RR era de 6.800.000, es decir, el 85%. Y en 2000/01, la
superficie destinada a soja RR alcanzaba las 8.500.000 ha, lo que representaba
entre el 85% al 90%. Ya en la temporada 2002/2003, se estimaba en unos
12.000.000 ha la superficie destinada a soja, de la cual entre el 95% al 98%
era RR. La velocidad de adopción de la soja RR en la Argentina resultó inédita
incluso en comparación con otras introducciones muy exitosas, como los híbridos
de maíz y el trigo con germoplasma mexicano (Penna y Lema, 2003; Qaim y
Traxler, en prensa).
Sin dudas, la expectativas
favorables de los productores contribuyeron a la rápida adopción de la soja RR,
lo que habla de las tareas de promoción de las empresas involucradas y el
trabajo de extensionistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), como indica una encuesta realizada en 1996 por una compañía privada en
400 productores de soja (citada por Penna y Lema, 2003).2 Y los primeros
estudios dejaron en evidencia las razones: sencillez en el control de malezas y
bajos costos fueron los motivos que llevaron a los primeros adoptantes a
pasarse a la soja RR. Los productores tenían bajas expectativas con respecto al
aumento de los rindes y, en algunos casos, hasta estaban dispuestos a afrontar
cierta reducción de los mismos, en vistas de otros beneficios (Meninato, 2001;
Penna y Lema 2003).3
Más allá de esos estudios
preliminares, son sin dudas los trabajos de Penna y Lema (2003), Trigo et al.
(2002), Trigo-Cap (2003) y, sobre todo, Qaim y Traxler (en prensa) los que
ofrecen información más clara sobre los beneficios que la soja RR ofreció desde
los comienzos a los productores argentinos. En general, estos autores destacan
un aumento de los beneficios económicos para los productores que adoptaron soja
RR por la simplicidad y reducción de costos en el manejo de malezas y no por un
incremento en los rindes -en general, se habla de que los rindes se
mantuvieron, aspecto que Reca y Parrellada (2001) evalúan positivamente, dado
que la magnitud de la expansión de este cultivo podría haber afectado los
rindes; aunque también hay informes de descenso de los mismos (Benbrook y
Baumüller 2002). Meninato (2001) estima la reducción de costos de la soja RR
con respecto a la convencional en 27 dólares/ha. Penna y Lema (2003) calculan
que, en soja de primera, la diferencia en los márgenes brutos para la soja RR
oscila entre alrededor de 15 y 17 dólares/ha (siendo bastante menor en soja de
segunda), y la atribuyen al bajo costo del glifosato. Qaim yTraxler (en prensa)
estiman una diferencia de 23 dólares por ha. Finalmente, Trigo y Cap (2003)
calculan la reducción general de costos de producción de la soja RR en la
Argentina en 20 dólares/ha, beneficio que, consideran, es el responsable de que
se haya disparado la adopción de este cultivo: sostienen que de no mediar las
ventajas económicas del paquete tecnológico RR, la superficie cultivada con
soja en la Argentina representaría un 60% de la actual.
Significativamente, estos
autores argumentan que la adopción del paquete tecnológico de soja RR no afectó
a los pequeños productores y que creó empleo, dos preocupaciones en relación
con el impacto social de las tecnologías de organismos genéticamente
modificados -OGM- (Comstock, 2002). Por ejemplo, Penna y Lema (2003, p. 209)
afirman que dado que la genética es una "tecnología divisible", puede
ser aplicada "con independencia del tamaño de la explotación
-especialmente, cuando el equipamiento puede ser alquilado." Y mencionan
un estudio del año 2000 según el cual los pequeños productores representan el
90% de los adoptantes de la soja RR.4 Qaim y Traxler (en prensa) sostienen que
los productores más pequeños se benefician "ligeramente más" que los
más grandes. Con relación a la creación de empleo, Trigo et al. (2002, p.101)
sostienen que, si bien la tendencia era claramente negativa históricamente -de
1,86 millones de puestos de trabajo en 1926 se llegó a 783.000 en 1993- a
partir de ese año la tendencia se revirtió hasta alcanzar 966.000 en 1999,
última fecha para la que tienen información. Y atribuyen esta diferencia
positiva a "los procesos paralelos de agriculturización e intensificación
de la producción [...] donde la introducción y rápida expansión de la soja de
segunda (sembrada a continuación de la cosecha de trigo), ha jugado un papel
sustancial". Una estimación de los mismos autores (p. 134-139) sobre los beneficios
que produjo la introducción de la soja RR en la Argentina entre 1998 y 2003
habla de 5.168 millones de dólares, de los cuales el 87% habría ido a parar a
las manos de los productores -por aumento de producción y reducción de costos-
y el 13% a los vendedores de semilla y glifosato -se simuló el pasado entre
1998 y 2001 y se hizo una proyección a futuro de dos años. No obstante estas
ventajas que la soja RR ofreció a los productores, las tendencias en cuanto a
la concentración de la tierra no se revirtieron, según los estudios citados por
ellos (p. 99), que llegan hasta 1999.5 Teubal (2003) ofrece cifras más
actualizadas, tomadas del Censo Nacional Agropecuario de 2002, que hablan de
una disminución del 24,5 por ciento en el número de explotaciones entre 1988 y
2002.
Un aspecto importante que
explica los beneficios económicos de la soja RR para los productores argentinos
es el bajo costo del paquete tecnológico. A su vez, este bajo costo es
atribuido por varios autores, fundamentalmente, a que sus dos componentes
clave, la semilla y el glifosato, no estaban sujetos a un mercado monopólico ya
desde los inicios de su introducción en el país. Esta situación no es habitual
en el caso de las tecnologías OGM: el carácter monopólico de los desarrollos en
biotecnología agrícola, los que, además, están en manos de un puñado de
multinacionales que se expandieron en los años '90 es, ciertamente, uno de los
factores cruciales que las convierte en blanco de críticas (Vara, 2003b). En
primer lugar, la patente del glifosato había expirado en el país en 1991. Si
bien durante los años '80 el glifosato era más caro que en los países
desarrollados -40 dólares por litro- esta situación cambió drásticamente a
comienzos de los años '90, cuando su precio cayó de unos 10 dólares por litro a
comienzos de la década a menos de 3 en 2001 -menos de un tercio del precio en
los Estados Unidos, donde costaba 9,5 dólares/l. Cuando en 1996 se introdujo en
el país la soja RR, había ya 14 empresas que proveían glifosato, número que
llegó a 22 en 2001. Ablin y Paz (2000) atribuyen la baja del precio del
glifosato a la flexibilidad de los proveedores de insumos frente a los vaivenes
del precio internacional de la soja (una respuesta que tiene en cuenta que los
productores argentinos no se benefician con subsidios ni precios-sostén). Pero
Qaim y Traxler (en prensa) y Trigo et al. (2002) se inclinan más por
correlacionarlo con el aumento de la competencia, a lo que habría contribuido
también la reducción de los aranceles de importación. Este mercado competitivo,
sin embargo, no desplazó a la empresa Monsanto, que concentra el 50% de las
ventas de glifosato a pesar de que sus precios son un poco más altos que los
genéricos, situación que Qaim y Traxler (en prensa) atribuyen al peso de la
marca. Una acusación de dumping por el glifosato importado de China que inició
Monsanto en 2003 no prosperó, pese a que una protesta similar fue escuchada en
Brasil, país que impuso una tasa del 35% a la importación de ese producto desde
China. Esta medida hablaría de una actitud del gobierno en favor de los
fraccionadores locales (La Nación, 2003a).
En relación con el
no-monopolio de la soja RR, Qaim y Traxler (en prensa) relatan que, a fines de
los años '80, Asgrow International -por entonces, propiedad de Upjohn- firmó un
acuerdo con Monsanto para introducir el gen de tolerancia al glifosato en sus
cultivares de soja. Poco tiempo después, Upjohn vendió sus subsidiarias en el
cono sur. La multinacional Nidera compró Asgrow Argentina, y así tuvo acceso a
todo su germoplasma. Por eso fue Nidera la empresa que presentó el permiso para
la aprobación de la soja RR (evento 40-3-2) ante CONABIA -el organismo creado
en 1991 para supervisar la liberación de OGM al ambiente- cuya liberación
comercial fue aprobada por Resolución SAGPyA/ 167, del 25 de marzo de 1996. A
mediados de los años '90, Monsanto compró el área de negocios de granos y
oleaginosas de Asgrow International; Nidera perdió el acceso a las nuevas
tecnologías pero conservó el acceso a las que ya tenía. Así, cuando Monsanto
intentó patentar el gen en la Argentina no pudo hacerlo, porque el mismo ya
estaba "liberado" (Trigo et al., 2002). Otras compañías -entre ellas
multinacionales como DeKalb y Pioneer Hi-Bred, y argentinas como Relmó, Don
Mario y La Tijeretatambién entraron en el mercado de la soja RR desarrollando
sus propias variedades, y pagando a Monsanto un fee por el uso del gen de
resistencia a glifosato. En 2001 ya siete compañías ofrecían más de 50
variedades de soja RR en la Argentina, de las cuales todas menos Nidera pagan
un fee a Monsanto. Se estima que el pago de este fee es una muestra de buena
voluntad de las semilleras hacia esa empresa, para asegurarse el acceso a otros
desarrollos tecnológicos protegidos por patentes (Lehman y Pengue 2000; Qaim y Traxler,
en prensa).
Otro elemento importante
para comprender el bajo precio de la semilla de soja RR es que la legislación
Argentina, coherente con UPOV 1978 -International Union for the Protection of
New Varieties of Plants- a la que el país adhirió en 1995, permite que los
productores usen sus propias semillas para replantar.6 Esto es especialmente
relevante en el caso de la soja, ya que por tratarse de una especie autógama la
calidad de la semilla no cambia de generación en generación, como sucede con los
híbridos de maíz, por ejemplo. En los años '90, la falta de controles, además,
facilitó la expansión de un mercado de semillas ilegal, llamada "de bolsa
blanca", que se agudizó tras el cierre del Instituto Nacional de Semillas
(INASE) en el año 2000. De acuerdo con estimaciones de la Asociación Argentina
de Protección de Obtenciones Vegetales (ARPOV) -donde están representadas
empresas locales y multinacionales, además del INTA y universidades- en el 2002
sólo el 23% de las semillas de soja plantadas eran certificadas. Así, el precio
de la semilla de soja RR fue bajando en relación con el de la semilla
convencional: era 2,5 veces más cara en 1996/1997, pero sólo 1,5 en 1999/2000
según Trigo et al. (2002), o apenas un 30% más, según Qaim y Traxler (en prensa).
Para captar alguna ganancia extra de los productores que replantan las
semillas, en 2000 Nidera -y más tarde Monsanto- establecieron acuerdos de
"regalía extendida" que los productores deben firmar al comprar sus
semillas. Los productores se comprometen a pagar un fee cada vez que replantan
las semillas: 2 dólares por bolsa de 50 kg. de soja RR en el caso de Nidera, y
1,5 dólares por bolsa de 25 kg. de soja RR en el caso de Monsanto.
El bajo precio de las
semillas de soja RR en la Argentina provocó una protesta de los productores
norteamericanos, y el General Accounting Office de ese país realizó un informe
sobre el caso donde quedó en claro la diferente situación de las semillas de
soja y maíz transgénicos en el país: la soja RR costaba aproximadamente la
mitad en la Argentina que en los Estados Unidos, mientras que el precio del
maíz Bt era similar en los dos países. El informe atribuyó la diferencia a la
falta de patentamiento del gen, la posibilidad de reutilización de la propia
semilla por parte de los productores y al mercado negro (GAO, 2000). Un trabajo
de Bullock y Nitsi (2001) sobre la adopción de soja RR en los Estados Unidos
-donde esta tecnología tuvo una aceptación alta, pero significativamente menor
que en la Argentina (Trigo et al., 2002, p. 88)- demuestra el impacto que el
mayor costo de la semilla -que atribuyen al oligopolio de Monsanto, Pioneer y
Novartis- tiene en el interés de los productores de ese país por adoptar esta
tecnología: estiman que no todos adoptarán la soja RR. Por otra parte, el
anuncio de Monsanto de abandonar el mercado y la investigación y desarrollo de
soja en la Argentina a comienzos de 2004, entendido como protesta por el
mercado negro de semillas, puede vincularse con la restitución del INASE y del
proyecto de la SAGPyA de centralizar el cobro de regalías, limitando de alguna
manera la reutilización (Smith, 2004b; Bertello, 2004).
El cultivo de soja RR creció
en principio a expensas de pasturas (desplazando la rotación tradicional
agricultura-ganadería) y de otros cultivos. Si bien en algunas áreas de la
Pampa se sostuvo la rotación con maíz y trigo, se sabe de la existencia de
áreas de monocultivo, con rotación esporádica con maíz (Satorre, 2001). Pero la
soja RR avanzó también sobre áreas previamente no explotadas y marginales
(Begensic, 2002a; Qaim yTr a x l e r, en prensa), incluso en áreas que fueron
deforestadas en las provincias de Salta y Chaco, entre otras, acelerando una
tendencia previa a la "pampeanización" (Pengue, 2004; Rofi, 2004).
2.2. Problemas del
monocultivo
Con respecto al impacto
ambiental de la adopción de la soja RR en la Argentina, varios autores locales
tienen una visión general positiva al destacar que favoreció la sustitución de
las técnicas de laboreo convencional por la siembra directa y el reemplazo de
herbicidas tóxicos por el glifosato, de baja toxicidad. Acerca del avance sobre
tierras marginales -mencionado por algunos de ellos- comentan tímidamente que
es menos dañino que se produzca con técnicas de siembra directa. En esto coinciden
Penna y Lema (2003), Poverene y Cantamutto (2003), Qaim y Traxler (2003) y,
especialmente Trigo y Cap (2003) quienes, hablando de la Pampa húmeda,
califican este proceso, de manera entusiasta, como "un ciclo virtuoso de
intensificación tecnológica". Aunque admiten que la cantidad total de
herbicidas utilizados aumentó, en general, estos autores no juzgan grave dicha
situación. Poverene y Cantamutto (2003) denuncian el uso descuidado del
glifosato en banquinas, que afecta la flora y fauna silvestre. En relación con
el escape de los transgenes de la soja RR al ambiente -una gran preocupación en
el caso de las tecnologías OGM (Ellstrand, 2002)- se destaca que no pueden
migrar, dado que la soja no tiene parientes silvestres en América.
Otros autores han señalado
con preocupación la posibilidad de que el uso tan extendido del glifosato
facilite la emergencia de malezas resistentes (Satorre, 2001; Benbrook, 2001;
Benbrook y Baumüller, 2002). Varias comunicaciones de estaciones experimentales
del INTA hablan de indicios en este sentido, y una publicación reciente
identifica 37 especies de malezas de importancia creciente en cuanto a los
fenómenos de tolerancia, además de un cambio general en la población de malezas
de pronóstico todavía incierto (Vitta et al., en prensa). Benbrook y Baumüller
(2002) también reportan, a partir de comentarios de productores locales, el
problema de la compactación de los suelos- debido al abandono del laboreo
convencional, la falta de rotación con pasturas como alfalfa y al tipo de suelo
de la Pampa húmeda. También señalan, al pasar, la posibilidad de cambios en la
microflora del suelo, así como la potencial emergencia de nuevas plagas debido
al monocultivo -aunque no lo mencionan, la amenaza de la roya de la soja sería
un ejemplo (Bertello, 2003). Tras entrevistar a actores locales, estos autores
sostienen que, dados los "dramáticos recortes" realizados al sistema
público de investigación agrícola, son pocos en la Argentina los que creen que
se esté prestando la debida atención a estos problemas. Otro problema derivado
de la intensificación agrícola que la soja RR hizo posible es la pérdida de
fertilidad de los suelos, que el incremento en el uso de fertilizantes no está
compensando (Satorre, 2001; Palermo, 2003).
Quizás una de las miradas
más preocupantes sobre los impactos de la adopción de la soja RR es la que
puede verse en un artículo reciente de la revista de ciencia británica New
Scientist. Firmado por Sue Branford (2004), ya desde su título sugiere una
valoración negativa: "Argentina's bitter harvest" ("La amarga
cosecha de la Argentina"). La nota menciona el bajo costo del glifosato en
el país (y parece insinuar que se debe a una estrategia de Monsanto), así como
la estimación de Trigo et al. (2002) sobre las ganancias globales que la soja
RR dejó a los productores argentinos. Pero, sobre todo, hace foco en un
problema en particular: la "crisis ambiental" causada por el uso
intensivo del glifosato y, en general, por el impacto del monocultivo de soja.
Por la tolerancia al herbicida y la aparición de plagas, sostiene Branford, el
uso de agroquímicos se habría disparado lo que, sumado al mal manejo, estaría
causando problemas en poblaciones aledañas a los cultivos de soja RR. En este
sentido, menciona como ejemplo el caso de Colonia Loma Senés, donde una orden
judicial prohibió a los arrendatarios de tierras que continuaran fumigando. El
artículo también menciona a investigadores de la Universidad de Rosario y del
INTA en relación con la emergencia de malezas tolerantes, y a Walter Pengue, de
la Universidad de Buenos Aires, quien estima que el consumo de glifosato en la
Argentina habría alcanzado 150 millones de litros en 2003, de apenas 13,7 en
1997. En comparación, Trigo et al. (2002) y Qaim y Traxler (en prensa) hablan
de poco más de 80 millones de litros en 2000/2001.
El artículo de Branford
parece preocupado casi exclusivamente por la problemática de los transgénicos,
y exhibe cierta urgencia por alcanzar una conclusión negativa sobre los mismos.
En este sentido, tiene puntos en común con un artículo previo de la misma
autora (2002) en The Ecologist, cuyas únicas fuentes explícitas son dos
expertos del Grupo de Reflexión Rural -una ONG argentina (Vara, 2003b)- y un
artículo de Joensen-Ho (2003) del Institute of Science in Society -una ONG
internacional con sede en Londres. Ambas ONG pueden considerarse
representativas de las diversas agrupaciones que se oponen explícitamente a la
tecnología OGM descriptas por Nelkin (2003). Es notable cómo, en el párrafo
final de su trabajo, Branford (2004, p. 43) comienza hablando del monocultivo
para deslizarse luego a la consideración de la tecnología OGM, como si el caso
de la soja RR en la Argentina pudiera considerarse ejemplo representativo de la
adopción de transgénicos:
Muchos ven la experiencia de
la Argentina como una advertencia de lo que puede pasar cuando la producción de
una única commodity destinada al mercado mundial se privilegia por sobre la
preocupación por la seguridad alimentaria. Cuando esta commodity es producida
en un sistema próximo al monocultivo, con el uso de una tecnología nueva y
relativamente no probada, la vulnerabilidad del país es compleja. Hasta el
presente, son pocos los países que optaron por la tecnología OGM: los Estados
Unidos y la Argentina tienen, en conjunto, el 84 por ciento de los cultivos GM
del mundo. Pero los países que, como el Reino Unido, parecen estar preparándose
para autorizar el cultivo comercial de cultivos OGM, harían bien en tomar en
cuenta el caso argentino y ver cómo las cosas pueden salir mal.
Es importante que el
editorial de New Scientist (2004) que acompaña la nota de Branford cuestione
tácitamente el foco en la tecnología OGM, al atribuir los problemas mencionados
en la misma a un "mal manejo de la tecnología, más que a la tecnología misma".
El artículo de Branford tuvo
un impacto importante en la prensa británica, y fue respondido en una nota del
diario británico Daily Telegraph (Mirodan y Harrison, 2004) por Trigo y Cap,
entre otras fuentes argentinas ligadas al campo y a la tecnología OGM en
particular que fueron consultadas -como Grabiela Levitus, de Argenbio, una
entidad dedicada a promover la biotecnología en la Argentina, con apoyo
científico y de la industria. Allí se menciona el trabajo de Trigo et al.
(2002) como financiado en parte por el gobierno argentino y en parte por un
centro internacional de investigación. Trigo acusa a Branford de hacer un uso
"very liberal" -muy libre- del ejemplo de Colonia Senés, para trazar
una imagen que lleva a conclusiones equivocadas acerca de la situación de la
agricultura argentina. Seguidamente, tras mencionar el impacto favorable sobre
el empleo rural de la adopción de la soja RR y la ganancia que dejó a los
productores según la estimación de Trigo et al. (2002) también mencionado por
Branford, cita a Cap diciendo: "es muy irresponsable escribir un artículo
que describe el programa de soja como un desastre, cuando en realidad salvó a
una sociedad de la catástrofe económica."
Ahora bien, si es cierto que
la nota de Branford en New Scientist puede considerarse de algún modo inspirada
en sectores que se oponen a la tecnología OGM, también es razonable considerar
que algunos de los estudios sobre transgénicos en la Argentina pueden exhibir
un sesgo en favor de esta tecnología, fruto de los beneficios que la soja RR
aportó globalmente a los productores argentinos. No en vano, Trigo et al.
(2002, p. 171) sostienen que, dado que la oposición europea no se reflejó en
perjuicios serios de acceso a los mercados para este producto, no es
sorprendente que "no sólo los proveedores de insumos sino también los
agricultores, la comunidad científica y las autoridades gubernamentales estén
masivamente a favor de esta tecnología". Así, entre los autores locales
revisados aquí que tienen una visión benigna o positiva de la adopción de soja
RR se cuentan expertos del sistema científico público -Poverene-Cantamutto,
Penna- Lema- vinculados a asociaciones de productores -Peiretti, de la
Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, AAPRESID- a compañías
multinacionales - Meninato, de Dow- y funcionarios -Begensic, de la SAGPyA,
Ablin-Paz, de Cancillería. Como sugieren Benbrook y Baumüller (2002, p. 5) en
su informe de viaje, el beneficio que la soja RR significó para el campo
argentino en los años '90 motiva un entusiasmo desbordante en ese sector -que,
agregamos, podría inducir a posiciones de apoyo poco crítico a esta tecnología:
El entusiasmo por el sistema
de soja RR casi no tiene límites. Los beneficios económicos que siguieron a la
adopción de la soja RR y la notable expansión de la superficie destinada a soja
y de las exportaciones es la única historia inequívoca de éxito nacional
durante un período de general declinación en la economía argentina en su
conjunto.
Un punto intermedio entre
estas visiones, y una suerte de balance preliminar de la adopción de la soja RR
en el país, puede encontrarse en un reciente documento del INTA (2003),
mencionado por Branford (2004) para argumentar acerca de la preocupación por el
monocultivo. Efectivamente, desde su primer párrafo, el informe menciona una
serie de puntos críticos que el "proceso de agriculturización"
acompañado de "monocultivo" trajo al campo argentino:
La preocupación del INTA por
una producción sustentable (económica, social y ecológicamente) involucra
cuestiones apremiantes, como las vinculadas con las variables medioambientales:
erosión, pérdida de materia orgánica, balance negativo de nutrientes,
desertificación, la reducción de la biodiversidad y también los efectos
sociales, tales como el despoblamiento del medio rural por falta de
oportunidades de empleo y la sustitución de actividades de mano de obra
intensivas por otras extensivas. Por otro lado, en parte debido a condiciones muy
favorables de muchos de nuestros productos de exportación, los indicadores de
productividad y rentabilidad empresaria son positivos en buena parte del
sector. Sin embargo, de no mediar una estrategia concertada, a mediano plazo,
esta situación tenderá a deteriorarse, como consecuencia directa del
desordenado proceso de agriculturización, acompañado, en muchos casos, de
monocultivo (tanto en cultivos agrícolas como forestales), del que estamos
siendo testigos. (INTA, 2003, p. 1)
Luego, el informe se refiere
explícitamente al monocultivo de soja RR, y evalúa su impacto tanto en la
región pampeana -donde, destaca, "no constituye una alternativa
sustentable a los planteos que incluyen rotaciones"- como extra-pampeana
-sobre el que advierte que "constituye un sendero incompatible con la
producción agropecuaria en esas regiones". El informe es contundente en su
diagnóstico y pronóstico: "En este escenario, al cabo de un período de
tiempo indeterminado, el stock de recursos naturales sufrirá una degradación
irreversible, tanto en cantidad como en calidad, especialmente en los
ecosistemas más frágiles" (ibid., p. 3). Más adelante, el informe ofrece
opciones de cambio tecnológico que podrían "incidir eficazmente a favor de
alternativas del medio ambiente", entre ellas la agricultura de precisión,
alternativas de producción de maíz de mayor competitividad, paquetes
tecnológicos para la producción de carnes y leches complementarios de los
planteos agrícolas, y sistemas productivos integrales de agricultura permanente
(ibid., p. 5). Tras mencionar -citando a Trigo et al. 2002- que la soja produjo
en el período 1996-2001 "beneficios adicionales de más de 5.000 millones
de dólares para el país", y que constituye "la fuente más importante
de ingresos fiscales", el informe es contundente al evaluar los costos de
avanzar hacia planteos más sustentables: una rotación con mayor presencia de
maíz "implicaría una desmejora en el resultado operativo (margen bruto),
valuado a los precios actuales de insumos y productos, de unos 250 millones de
pesos anuales", y una rotación con ganadería de engorde -que, sostiene,
"se aproximaría con una situación compatible con la sustentabilidad de
largo plazo", reduciría el margen bruto en 1.350 millones de dólares
anuales (ibid., p. 4). Con respecto a la posibilidad de introducir estos
cambios, el informe señala luego que, si bien la soja pude ser reemplazada
fácilmente por tratarse de una planta anual que no requiere inversiones
importantes, la pérdida de rentabilidad puede desalentar especialmente a los
arrendatarios de tierras, que constituyen el 50% de los productores. Por otra
parte, previamente había destacado que en el caso de los pequeños productores
el costo del dinero "incide desproporcionadamente en contra de la decisión
de optar por la siembra de maíz." (ibid., p. 3)
Este informe del INTA merece
una consideración especial porque constituye una crítica bastante aguda al
monocultivo de soja RR en la Argentina, en donde queda en evidencia la
complicada confluencia de factores que están en juego. En concordancia con lo
señalado por autores ya comentados, el problema del monocultivo de soja RR es
consecuencia de una serie de hechos extraordinarios locales -fundamentalmente,
el no-monopolio de la tecnología- e internacionales- el aumento de la demanda
internacional de soja, que creció primero en Europa y luego en Asia -los cuales
contribuyeron a una tasa de adopción extraordinaria. La tecnología OGM, por sí
sola, no hubiera alcanzado para dar semejante impulso a la adopción de soja RR
-como no lo hizo en los Estados Unidos. Para la Argentina, salir del
monocultivo de soja RR es costoso porque este monocultivo ofrece alta
rentabilidad, es de manejo sencillo, puede aplicarse en tierras previamente no
explotadas, y parece accesible incluso a los pequeños productores. A esto se
agrega el crecimiento del arrendamiento de tierras característico de los años
'90, impulsado por nuevos agentes, como los pools de siembra, que van en busca
de buenos rendimientos cuando otras inversiones son menos seguras o menos
rentables (Barsky y Gelman, 2001).8 El "fracaso" de la soja RR en la
Argentina es consecuencia, precisamente, de su "éxito". Éste, a su
vez, es resultado de circunstancias extraordinarias.
3. Cuestiones olvidadas
3.1. El caso del maíz
transgénico
El primer maíz transgénico
introducido en la Argentina fue el Bt, modificado para ser resistente a
lepidópteros. En principio, siguiendo la política espejo con la UE -
establecida como respuesta a la moratoria de facto de aprobación de
transgénicos, establecida en 1998- fueron aprobados los eventos 176, por pedido
de Ciba-Geigy, en enero de 1998; MON 810, por pedido de Monsanto Argentina
S.A.I.C., en julio de 1998; y Bt 11, por pedido de Novartis Agrosem S.A. En
1998 también se aprobó un maíz tolerante a un herbicida, el evento T25 de
AgrEvo, tolerante a glufosinato (Trigo et al., 2002). Pero recientemente esta
política parece haberse abandonado: así fue leída la aprobación en julio de
2004 del evento NK 603 de Monsanto, es decir, el maíz tolerante a glifosato o
maíz RR. Aunque una observación más cuidadosa hace pensar que el gobierno
argentino está contando con que este evento sea finalmente aprobado en Europa
(Varise, 2004).
Si bien el cultivo de maíz
tiene larga tradición en la Argentina, resultó ser uno de los desplazados por
la expansión de la soja en los años '90, no obstante lo cual alcanzó una
cosecha record de 19 millones de toneladas en 1997-98. Ese record se obtuvo
aproximadamente en la misma área en la que 25 años antes se obtenían apenas 8
millones de toneladas. En la actualidad, el área sembrada es de alrededor de 3
millones de ha, y la producción de 14 millones de tn, de los que se exportan
unos 8-9 millones. Con estimaciones de 2002/2003, la Argentina es el quinto
productor de maíz del mundo, y el tercer exportador. (AACREA2003, pp. 61-62).
Como comentan Reca y Parrellada (2001, p. 42), a diferencia de la soja cuyos
rindes no crecieron significativamente, con el maíz hubo en los años '90 un
incremento de rindes importante, que se considera parte de una tendencia que
comenzó en los '70. Gracias a la política espejo, la Argentina le ha seguido
vendiendo maíz a la UE aún después de la moratoria, especialmente a fines de
los 1990: unas 800.000 toneladas a España y 400.000 a Portugal. Parte de este maíz
puede ser transgénico, dado que la Argentina hasta ahora no ha segregado la
producción (Wroclavsky, 2002) -lo que deberá hacer de aquí en más, a partir de
las normas de trazabilidad y etiquetado mencionadas en la Introducción.
Irónicamente, como comentan Ablin y Paz (2000, p. 7), la Argentina se benefició
con un pedido de los Estados Unidos para que la UE abriera su mercado al maíz,
realizado en las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT.
La adopción del maíz Bt en
la Argentina ha sido mucho más lenta que la de la soja RR. Aprobado en 1998, en
el año 2000 el maíz Bt apenas cubría el 6% de la superficie destinada a este
cultivo; y en 2001, 20% (Trigo et al., 2002). En 2002/2003, se estima que el
porcentaje podría ser del 25% (Trigo y Cap, 2003), aunque también hay
estimaciones del 40% (La Nación, 2003b). Como se comentó, el precio de las
semillas de maíz Bt es sustancialmente superior a las semillas convencionales,
de manera que los beneficios de adoptar una variedad Bt tienen que ver con la
prevención del ataque del gusano barrenador del tallo, Diatraea saccharalis,
que puede provocar pérdidas de entre el 10% y el 25%, con "casos
extremos" del 50% (Vallote et.al., 2000).
Son mucho menos comprensivos
los estudios de impacto sobre el maíz Bt en la Argentina que los que hay sobre
la soja RR. El primero fue realizado por expertos del INTA Marcos Juárez en el
año 2000, comparando dos híbridos similares -el Chaltén convencional y el
Chaltén TD, con el gen Bt- en cuatro fechas de siembra. Las fechas de siembra
son importantes porque la probabilidad y magnitud del ataque del barrenador del
tallo aumenta a medida que se atrasa la fecha de siembra. Los autores concluyen
que las ventajas de la variedad Bt se evidencian especialmente en las fechas de
siembra más tardías, pero no en la primera y muy poco en la segunda (Vallone et
al., 2000). Un segundo trabajo de los mismos autores, realizado después de la
devaluación del peso -cuando el costo de las semillas había subido casi un
300%- confirma estas conclusiones. Trigo et al. (2002, p. 118) mencionan un
trabajo de AACREA según el cual un ataque del barrenador del tallo debe
implicar pérdidas del más del 7,7% para justificar el precio pagado por la
semilla Bt.
En un trabajo previo, Ablin
y Paz (2000) tienen en cuenta estimaciones de productores argentinos, que
hablan de un incremento en los rindes para maíz Bt del 15% como máximo, y del
USDA y de la Comisión Europea, que hablan de incrementos en los rindes de entre
el 8% y el 10%. Con una estimación conservadora del 5%, y considerando el
precio de la semilla de maíz Bt en 92 dólares por bolsa de 50 kg., frente a 72
dólares/50 kg. para el maíz convencional, sostienen que es bajo el incentivo
para la adopción del maíz Bt, salvo que se incrementen los rindes.
En resumen, en cuanto a la
distribución de los beneficios del maíz Bt en la Argentina, considerando una
ganancia neta del 5% superior para el maíz Bt que para el convencional,9 Trigo
et al. (2002) sostienen que los beneficios acumulados entre 1998 y 2003 de la
adopción del maíz Bt en la Argentina son 399 millones de dólares -se simuló el
proceso de adopción entre 1998 y 2001 y se proyectaron los resultados a 2003.
De los mismos, el 79% va a los proveedores en la compra de semillas, y sólo el
21% a los productores, en la forma de aumento de producción. Es decir, una
distribución inversa que la que se da en el caso de la soja RR.
3.2. El caso del algodón
transgénico
En los años '90, la
superficie destinada al algodón creció primero y se redujo después. En
2002/2003, la superficie cultivada fue de 158.000 ha y la producción - que se
concentra en las provincias de Chaco y Santiago del Estero- fue de 177.000
toneladas. La Argentina importa algodón (AACREA, p. 147-153). El algodón Bt -
diseñado para resistir el ataque del complejo oruga del capullo (Helicoverpa
gelotopoeon y Heliothis virescens, a la oruga de la hoja del algodonero
(Alabama argillacea) y a la lagarta rosada (Pectinophora gosipiella), que
constituyen plagas importantes en la Argentina (Qaim y Cap 2002)- fue lanzado
para uso comercial en el país en el año 1998 por Genética Mandiyú, un joint
venture entre Monsanto, Delta and Pine Land (DP&L) y Ciagro. Se trata del
evento MON 531 -de Monsanto Argentina S.A.I.C. En 2001 se aprobó un algodón RR:
el evento MON 1445 -también de Monsanto Argentina S.A.I.C. (Trigo et al., 2002;
Qaim y De Janvry, 2003).
La adopción de algodón Bt en
la Argentina ha sido particularmente baja. De acuerdo a estimaciones oficiales,
en 2001, después de cuatro años de su introducción, el algodón Bt sólo
representaba entre el 7% y el 8,5% de la superficie destinada a este cultivo.
La clave de esta baja tasa de adopción es el alto precio de la semilla de
algodón Bt. Un estudio del INTA Sáenz Peña en la campaña 1999/2000 sobre 64
lotes en campo de productores (32 sitios de variedades transgénicas y sus
refugios correspondientes) en diferentes zonas agroecológicas de las provincias
de Chaco y Santiago del Estero, mostró que las ventajas económicas del algodón
Bt dependen de la zona, pudiendo en algunas disminuir las ganancias en relación
con las variedades convencionales. El estudio parte de la base de que las
semillas son en promedio casi 74 dólares/ha más caras que las convencionales.
Este trabajo mostró que las variedades Bt requirieron un promedio de 2,41 menos
aplicaciones de pesticidas, con un gasto de 27,55 dólares/ha menor. De acuerdo
con las distintas zonas, el algodón Bt ofreció beneficios adicionales de entre
10,97 a 174,50 pesos/ha, y beneficios negativos de entre -12,43 y -9,54 (Elena,
2001).
En la misma línea,
Qaim y De Janvry (2003),10 tras analizar una encuesta realizada en 2001 con el
INTA sobre 299 establecimientos -de los cuales 210 utilizaban variedades
convencionales y 89 ya habían adoptado las variedades Bt, lo que representaba
el 60% de adoptantes- concluyen que "aunque el limitado flujo de
información también dificulta la adopción, el mayor obstáculo para una amplia
diseminación es el alto precio de la semilla". El del algodón Bt en la
Argentina es un mercado monopólico: Genética Mandiyú es el único proveedor de
la tecnología, y hace firmar a los productores acuerdos que les impiden usar la
semilla para replantar. El costo es de la semilla es de 103 dólares/ha -más de
cuatro veces el costo de las variedades convencionales, y más del doble del
gasto total en insumos de los productores en promedio. Así, a pesar de que el
algodón Bt reduce el costo por insecticidas y ofrece mayores rindes que el
convencional, no siempre aumenta las ganancias de los productores. Estos
resultados tampoco son buenos para la empresa que tiene el monopolio de la
semilla, ya que reduce la adopción: usando el método de valuación contingente,
los autores estiman que se trata de un precio 80% superior al
precio óptimo en términos de maximizar las "ganancias monopólicas". Y
comentan que esta política de precios puede tener otras dos consecuencias
negativas: en primer lugar, mala publicidad -porque estos precios dan sustento
a los críticos de la biotecnología, quienes sostienen que los cultivos OGM son
demasiado caros para los productores de los países en desarrollo- además de ser
un estímulo para el mercado negro, que además podría estar asociado con la
falta de refugios para controlar el desarrollo de resistencia. De hecho, el
trabajo habla de que la superficie sembrada con semillas ilegales de algodón Bt
-compradas a un precio de entre 35 y 40 dólares/ha- podría haber sido en
2001/2002 cinco veces superior a la oficial. En su análisis para tratar de
explicar la estrategia detrás de esta aparentemente desacertada política de
precios, los autores destacan que el technology fee en la Argentina es de 78
dólares, similar al de los Estados Unidos, país donde los productores reciben
subsidios, por lo que la práctica "lógica" (ibid. p. 827) sería que
los precios fueran diferentes. Tras considerar que esta política de precios
-que lleva cuatro años en el momento del estudio- no puede deberse a falta de
conocimiento del mercado, especulan con que podría estar motivada en
estrategias globales de la empresa, en particular, ser una respuesta al lobby
agrario norteamericano, dado que Monsanto ya está bajo presión por el bajo
precio de las semillas de soja RR en la Argentina -mencionan el informe del GAO
(2000), ya citado. Sostienen entonces, con tono de advertencia (ibid., p. 827):
Una política de precios
globales uniformes para cultivos OGM de propiedad que responda a las demandas
de los productores de países ricos sería una mala noticia para los países en
desarrollo. Y tampoco serviría para proteger a los productores norteamericanos,
porque no puede considerarse que el crecimiento del mercado negro para las
semillas Bt en la Argentina sea de su interés.
El alto costo de las semillas
de algodón Bt en la Argentina -y la consecuente baja adopción de esta
tecnología OGM- no sólo impide incrementar los rindes, sino también reducir el
uso de pesticidas, como demuestran Qaim et al. (2003). Basándose en la misma
encuesta del INTA, muestran que las semillas Bt permiten una reducción promedio
del 50% en el uso de pesticidas, la mayor parte de los cuales son de alta
toxicidad, como organofosfatos, carbamatos y piretroides sintéticos, que
pertenecen a las clases I y II, "pesticidas de alto impacto que afectan a
la mayor parte de los insectos benéficos y causan significativos problemas
residuales". Los adoptantes de algodón Bt en la Argentina también obtienen
significativamente mayores rindes: mientras que el incremento de rindes atribuible
al uso de Bt es de menos del 10% en los Estados Unidos y China, en la Argentina
ese incremento llega al 32%, debido a que el uso de pesticidas es
comparativamente bajo, hecho que atribuyen a la falta de subsidios en este
país. Dado que los adoptantes de algodón Bt en la Argentina han sido unos pocos
grandes productores, y que son los pequeños productores los que
tradicionalmente menos pesticidas usan, los autores estiman que la adopción de
algodón Bt podría producir incrementos en los rindes del 19% para los grandes
productores promedio, y de alrededor del 41% para los pequeños. Así, concluyen
(ibid., p. 46): "promover una más amplia difusión de esta tecnología a
precios razonables podría no sólo extender los beneficios económicos y
ambientales agregados, sino que también podrían tener efectos sociales
progresivos."
En relación con la aparición
de resistencia, Qaim et al. (2003) también tienen una visión positiva -aunque
cautelosa- del impacto del algodón Bt, ya que consideran que es poco probable
que se desarrolle rápidamente "si se preservan refugios mínimos",
dado que, además del algodón convencional, en estas áreas se cultiva otras
plantas que albergan a las plagas que son blanco de las toxinas Bt. Sin
embargo, aclaran que se necesitan más investigaciones sobre las complejas
interacciones de la tecnología Bt con el ambiente para alcanzar conclusiones
sobre su sostenibilidad.
En consonancia con Qaim y
DeJanvry (2003) y basándose en Elena (2001), Trigo et al. (2002) estimaron los
beneficios del algodón Bt en el país entre 1998 y 2003 en 41 millones de
dólares, de los cuales el 83% va a proveedores por venta de semillas, y sólo el
17% a productores -los autores estimaron el pasado entre 1998 y 2001, e
hicieron una proyección a futuro de dos años.
En resumen, los pocos
estudios realizados hasta la fecha explican las razones detrás de la baja tasa
de adopción Bt en la Argentina, a pesar de su gran potencial para incrementar
los rindes y reducir el uso de pesticidas. Básicamente, esta situación puede
atribuirse al monopolio de la tecnología y tiene un importante impacto tanto en
la potencial reducción en el uso de pesticidas como en las ganancias de los
productores, en particular de los pequeños. Así, se cumple en el algodón Bt en
la Argentina dos de las predicciones de los críticos a las tecnologías OGM
acerca de su negativo impacto social: la propiedad monopólica que implica
control de precios y que obliga a recomprar las semillas, y el perjuicio para
los productores de los países en desarrollo -especialmente para los pequeños
productores. Se trata de una situación parecida, aunque no idéntica, a la del
maíz Bt: tres diferencias importantes son que en el caso de este cultivo las
variedades convencionales también deben recomprarse -por tratarse de híbridos-
también ofrecen rindes altos, y a que el impacto de las plagas puede
controlarse no sólo con el uso de pesticidas sino también con la fecha de
siembra. En conjunto, las diferencias con la adopción de la soja RR quedan a la
vista.
4. Discusión
Chaia Heller (2001)
argumenta que la biotecnología representa el emergente y la condensación de una
serie de transformaciones que se dieron recientemente en la relación
ciencia-sociedad, y que no puede ser analizada inocentemente como una mera
herramienta científico-tecnológica:
La biotecnología es más que
una práctica científica. Es una red de actores, organismos, herramientas y
discursos que circulan a través de los aparatos corporativos, de Estado y del
comercio internacional que emergió una vez que se hubo asentado el polvo sobre
el capital post-Segunda Guerra Mundial. Cuando algunos dicen que no se trata de
'nada realmente nuevo', que sus creaciones transgénicas representan una
continuidad con biotecnologías previas, como la creación de plantas y animales
por cruzamiento, están negando una cuestión subyacente: que la biotecnología
transgénica emerge de un mundo diferente que aquél en el cual se desarrollaban
plantas o se hacía cerveza. Emerge de un conjunto diferente de demandas y
compromisos económicos, políticos y sociales. La biotecnología es una nueva
forma de producción que emergió cuando el capital tocó los límites de la
producción industrial y comenzó a entrar en lo que puede llamarse su fase
orgánica: una fase en la que el capital hace blanco en las dimensiones reproductoras
de la vida cultural y biológica como loci para la intensificación de la
producción y la comoditización."
La intensa relación entre la
academia y la industria, la posibilidad de patentar organismos vivos y sus
partes, el creciente poder de las compañías multinacionales agroquímicas y
semilleras son algunas de las nuevas realidades que están detrás de un hecho
cierto: que las tecnologías OGM son básicamente un producto de la industria
privada de la era de la globalización, uno de los aspectos que motivaron la
oposición a estas tecnologías (Vara, 2003a). Prácticamente todos los eventos en
uso actualmente en el mundo pertenecen a multinacionales; de hecho, la Academia
China de Ciencia ha desarrollado la única fuente de resistencia a insectos independiente
de los genes Bt patentados por Monsanto -pero en la Argentina, México y
Sudáfrica, entre otros países, sólo están disponibles las variedades con el
transgen Cryl Ac de Monsanto (Raney y Pingali 2004). En el país, además de los
eventos aprobados y en uso, más del 80% de los pedidos de permisos a CONABIA
para la liberación al ambiente de OGMs corresponden a empresas multinacionales
(Trigo et al. 2002, p. 110, sobre datos de CONABIA). Dos números permiten
vislumbrar la magnitud de las inversiones que están involucradas en el
desarrollo de transgénicos y las diferencias entre los sectores públicos y
privado, en particular en relación con los países en desarrollo: solo Monsanto
tiene más de dos veces el número de investigadores en biotecnología que toda América
latina y el Caribe (Trigo, 2000, p. 88), y el costo de aprobación de un
transgénico ha crecido de entre 5 a 10 millones de dólares a entre 20 y 30
millones de dólares en la actualidad (McElroy, 2003).
En este sentido, el proceso
de adopción de transgénicos en la Argentina representa un caso de interés para
seguir algunas de las complejas alternativas de la puesta en uso de esta
tecnología en un país en desarrollo. En principio, puede decirse que varias
ironías han marcado este proceso y las evaluaciones que sobre él se hacen. La
primera tiene que ver, sin dudas, con el carácter "excepcional" de la
adopción de la soja RR (Trigo et al., 2002, p. 169). Más allá de quiénes hayan
sido los actores que favorecieron este proceso o podrían beneficiarse con él,
lo cierto es que, sobre todo por el no-monopolio del paquete tecnológico y sus
consecuencias, no representa un ejemplo que pueda extrapolarse para predecir la
aceptabilidad por parte de los productores y el impacto económico, ecológico o
social de otros productos transgénicos que pudieran introducirse en el país
(Trigo y Cap 2003, p. 93). Sin duda, el caso de la soja RR en la Argentina
merece analizarse y discutirse intensamente, y es para celebrar que esta
discusión esté creciendo en el país en función del futuro del campo argentino y
del país en general, dado el peso que el cultivo de soja tiene en la economía
nacional. Sin embargo, es poco probable que de este debate surjan claves que
puedan generalizarse para comprender cómo podría ser la adopción de otros
transgénicos en la Argentina. En términos comparativos, este caso tampoco
parece apto para hacer hipótesis sobre lo que podría pasar en otros países en
desarrollo -por ejemplo, para pronosticar la velocidad de adopción de la misma
soja RR en Brasil, un proceso que podría tener un impacto vital en la
aceptación de la soja transgénica en el mundo y, por lo tanto, en la futura
situación de la Argentina en el mercado internacional (Pohl Nielsen, 2002;
European Federation of Biotechnology, 2002).
Por estas razones, como
modelo de análisis de la incorporación de transgénicos en la Argentina, la
importancia del caso de la soja RR empalidece frente a los casos del maíz y el
algodón Bt, que representan -con sus diferencias- ejemplos que pueden
generalizarse más legítimamente. Es importante, entonces, destacar la escasez
de trabajos académicos que exploren estos casos desde la perspectiva de la
relación ciencia-sociedad y la necesidad de cubrir esta carencia. También es
importante alertar sobre la falta de debate público sobre estos dos casos. Si
bien una encuesta reciente sobre percepción pública de la ciencia en la
Argentina muestra el poco conocimiento del público argentino sobre la
existencia de soja transgénica en el país, es revelador que en dicha encuesta no
se haya preguntado sobre el maíz y el algodón (Albornoz, et al. 2004).
Una segunda ironía
relacionada con el carácter excepcional del caso de la soja RR, desde un punto
de vista técnico, es que este transgénico fue desarrollado -y adoptado- para
generalizar el uso de un herbicida de baja toxicidad. La adopción masiva de este
paquete tecnológico está promoviendo cambios en la distribución de malezas y la
detección de malezas tolerantes, como se comentó (Vitta et al., en prensa), que
podrían estar motivando la reincoporación de los herbicidas que vino a
sustituir, más pesticidas debido a la debilidad de los monocultivos frente a
las plagas (Joensen y Ho, 2003; Bradford, 2004).
Otro aspecto clave en
relación con el carácter excepcional de la adopción de soja RR tiene que ver
con las críticas sobre los efectos sociales de los transgénicos en la
Argentina, en particular, el despoblamiento del campo y la concentración de la
propiedad, que se enfocan sobre el caso de la soja RR (Joensen y Ho 2003;
Bradford, 2004). Si bien hay coincidencia, como se comentó, sobre que el campo
argentino sigue despoblándose y la propiedad de las tierras concentrándose,
continuando tendencias previas (Trigo et al., 2002; Teubal, 2003; AACREA,
2003), de los estudios sobre soja RR realizados hasta la fecha no se concluye
necesariamente que estos fenómenos hayan sido exacerbados por este cultivo.
Incluso algunos parecerían argumentar en el sentido contrario (Trigo et al.,
2002; Qaim y Traxler, en prensa). No hay entonces, todavía, evidencias
concluyentes para exculpar a la soja RR de los males sociales del campo
argentino, pero tampoco para condenarla. Esas evidencias claras sí podrían
surgir del análisis del caso del maíz y, sobre todo, del algodón Bt -siendo
interesante también analizar la interacción con la soja RR.
En relación con esas
críticas, por otra parte, es razonable especular que puede ser diferente el
impacto de la soja RR en las áreas de menor inequidad socio-económica de la
Pampa húmeda, las áreas más fértiles del país, que en las tierras marginales
y/o en aquellas tradicionalmente marcadas por la inequidad. El caso de colonia
Loma Senés mencionado por Branford (2004), los abusos hacia pequeños
productores de Santiago de Estero comentados por Joensen y Ho (2003), o la
reciente venta de tierras protegidas en Salta -cuestión sobre la que se advierte
el crecimiento de una suerte de consenso de repudio público-11 pueden
considerarse problemas que los análisis de impacto económico y ecológico
generales no capturan. El diablo está en los detalles, se dice a veces. De
manera que para tener conclusiones representativas de las diversas realidades
del país en cuanto al impacto de la soja RR, se impone la necesidad de estudiar
diferentes áreas. Es probable que estos estudios diferenciados contribuyan a
conciliar aunque sea en parte las perspectivas divergentes aportadas por
actores pro- y anti transgénicos, quienes parecen enfocar de manera
privilegiada distintos escenarios. Como sostiene el segundo informe sobre
tecnologías OGM del Nuffield Council on Bioethics, dedicado a los países en
desarrollo, en relación con las afirmaciones que vinculan la adopción de la
soja transgénica en Argentina con procesos de deforestación, desempleo rural e
inseguridad alimentaria, "la compleja interacción de factores tecnológicos
con procesos sociales, políticos y regulatorios implica que es difícil evaluar
estas variadas afirmaciones" (2004, p. 41). Sirven de comparación las
conclusiones del mismo informe (ibid., pp. 41-42) sobre el diferente impacto
que podría tener la soja tolerante a glifosato o, en general, transgénicos que reduzcan
la necesidad de mano de obra, en India y Kenya, en relación con las prácticas
tradicionales de desmalezamiento y la disponibilidad de mano de obra. La
Argentina agrícola parece estar formada por más de un país, y la soja RR -que
pudo traspasar las fronteras entre unos y otros- podría tener en ellos impactos
diferentes.
Finalmente, la cuestión del
comercio internacional es clave para comprender y evaluar la situación de los
transgénicos en la Argentina. Es una asociación que sólo recientemente comienza
a instalarse en el debate internacional sobre transgénicos - indudablemente,
acelerada por las leyes de trazabilidad y etiquetado de la UE y por la puesta
en vigor del Protocolo de Cartagena, que regula el comercio de OGM- que, como
se dijo, tuvo históricamente un fuerte eje de discusión en el tema de seguridad
alimentaria en un sentido estrecho. Así, es auspiciosa la inclusión de una
presentación más amplia de esta cuestión en varios informes internacionales
sobre las tecnologías OGM en los países en desarrollo, como el trabajo
preliminar del gobierno de Gran Bretaña (Strategy Unit, 2003), o el más
avanzado producido por el gobierno de Australia (Abdalla et. al., 2003). En
particular, el ya citado informe del Nuffield Council on Bioethics (2003, p. 16),
que sostiene que la reducción de las trabas a las importaciones agrícolas de
países pobres, así como la reducción de los subsidios agrícolas de los países
desarrollados a sus agricultores puede ayudar a los países en desarrollo en su
búsqueda de seguridad alimentaria.
En el mismo sentido, es
importante reflexionar sobre el hecho de que la Argentina adoptó los
transgénicos como parte de una estrategia para competir por los mercados
agrícolas con los Estados Unidos y su producción subsidiada -de hecho, tanto
los discursos de los impulsores de los transgénicos como los de algunos de sus
críticos en el país vinculan su adopción con la competitividad del campo
argentino y la cuestión de los subsidios agrícolas de los países desarrollados
(Vara, 2003a). Y las políticas adoptadas -en particular, la aprobación en
espejo de los eventos aprobados en la UE- muestran que, a pesar de las
coincidencias con lo que se estaba haciendo en los Estados Unidos en los mismos
años, las decisiones argentinas en los comienzos del proceso de adopción de
transgénicos conservaron cierta independencia. Por eso, como se dijo, la
Argentina pudo sacar ventaja de la cuota de maíz de la península ibérica, que
los Estados Unidos habían ganado en la Ronda Uruguay del GATT y luego perdieron
por la moratoria (Ablin y Paz, 2000). La Argentina abandonó su política de
relativa independencia precisamente como respuesta a la resistencia del mercado
europeo frente a los transgénicos. Y acabó acompañando a los Estados Unidos en
su protesta ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por la moratoria,
pese a que no había sido directamente perjudicada por ella (Longoni, 2003;
Morales Solá, 2003). Por eso no sorprende que una funcionaria de la SAGPyAhaya
comentado extraoficialmente que, en su opinión, estaba más en los intereses
argentinos denunciar las leyes de trazabilidad y etiquetado que la moratoria
-que, por otra parte, ya estaba por caer cuando se presentó la protesta: la
aprobación del maíz Bt-11 el 19 de mayo pasado para que sea vendido en supermercados
fue presentada como el fin de la moratoria de facto (La Nación, 2004a).
Para terminar, una
observación que surge del análisis del caso argentino -y, en este sentido,
volvemos al tema de la soja- es la gran influencia que dos actores
internacionales no técnicos como son los consumidores europeos y los
productores del sur de Brasil han ejercido y siguen ejerciendo en la
controversia internacional sobre tecnologías OGM. Más allá de que éstos son
sólo dos de los múltiples actores involucrados -siendo los organismos técnicos
y políticos y los sectores científicos de esos países, las empresas
multinacionales, las ONGs ambientalistas y ruralistas, los productores y
expendedores de alimentos y los medios de comunicación otros importantes
jugadores- puede decirse que, así como el "no" de los consumidores
europeos a los transgénicos hizo peligrar la posición argentina en el comercio
internacional de soja, fue el "sí" de los productores brasileños el
que parece inclinar nuevamente la balanza a su favor. En efecto, cuando los
consumidores europeos dijeron "no" a la tecnología OGM y la soja
transgénica dejó de utilizarse en la elaboración de productos para consumo
humano a pesar de que la soja RR había sido aprobada en la UE, demostraron una
independencia de criterio con respecto a las autoridades regulatorias. Casi
simétricamente, pero con signo inverso, los productores del sur de Brasil, con
su "sí" a la soja RR -que había sido aprobada por las autoridades
sanitarias de ese país, pero no para su comercialización, debido a un fallo
judicial- también mostraron una actitud de independencia hacia su sistema legal
(Paarlberg, 2001, pp. 79-87). Si bien indudablemente son varias y complejas las
razones detrás de las decisiones tomadas por estos dos actores, un simple análisis
de distribución de costo-beneficio (Magnus y Caplan, 2002, p. 84) ya resulta
orientativo para comprenderlas. Desde esta perspectiva, los consumidores asumen
el riesgo de una tecnología nueva, mientras que los productores se benefician
con una tecnología que reduce sus costos: Paarlberg (2001, p.81) sostiene que
la soja transgénica cultivada ilegalmente en Brasil era 17% por ha más barata
que la convencional -aunque esto cambió cuando se autorizó provisoriamente su
uso, y Monsanto reclamó el pago por la propiedad intelectual (Smith, 2004a). En
relación con la situación de un país agroexportador como la Argentina, una
conclusión importante tiene que ver con destacar que estos actores no se
guiaron estrictamente por cuestiones técnicas, de riesgo, y que adoptaron
decisiones con independencia de las que habían tomado los sistemas legales de
sus países. Lo cual, en última instancia, marca los límites de las decisiones
de organismos nacionales e internacionales.
Notas
1 Un ejemplo reciente de la
importancia y persistencia de este eje de controversia es la carta firmada por
670 organizaciones y más de 800 personas -y difundida por el Catholic Institute
for International Relations (CIIR)- presentada como respuesta al informe de la
Food and Agricultural Organization (FAO) Agricultural Biotechnology: Meeting
the Needs of the Poor?, donde se argumentaba a favor de los transgénicos para
combatir el hambre. Comenta el director ejecutivo del CIIR: "es
increíblemente preocupante que una organización con tanta autoridad como la FAO
exponga un argumento que implica, en esencia, legitimar la agenda de las
corporaciones trasnacionales." (CIIR, 2004)
2 Penna y Lema citan, de
manera incompleta, a D. White: "Biotecnologia agrícola: actitud del sector
argentino", Revista Agromercado.
3 Meninato cita un estudio
de mercado realizado por Jefferson Davies de Iowa para DowAgroSciences en 1997
y 1998, en el que se encuestó a más de trescientos productores del área sojera
que habían adoptado la soja RR. Penna y Lema citan a S. Aguirre y L. Segura
(1999): "encuesta de adopción de soja transgénica. Soja-Información para
extensión", INTA / EEAMarcos Juárez, con respecto a las opiniones de los
primeros adoptantes.
4 Penna y Lema citan a
Cazenave y Asociados (2000): Argentine agricultural sector consulting report. 5
El estudio más reciente que Trigo et al. citan, de manera incompleta, es de
Mora y Araujo de 2000.
6 La Ley 20247, de 1973, de
Semillas y Creaciones Fitogenéticas, así como su decreto relacionado (No. 2819
de 1991), de creación del INASE, establecen tanto el marco para la protección
de una variedad vegetal como el marco institucional para la organización del
comercio de semillas. En el área de patentes de invención, en el 2000 entró en
vigencia la Ley 244481 y su modificatoria 24572 que permite patentar productos
farmacéuticos y biotecnológicos, en concordancia con el convenio TRIPS (Trigo
et al., 2002).
7 Los términos de los
acuerdos de regalía extendida de Nidera pueden verse en: http://www.ebiznidera.
com.ar/catalogo/regex.asp, y los de Monsanto en:
http://:www.monsanto.com.ar/secciones/productos/soja/regalia/msps_.asp
8 Los pools de siembra son
grupos de inversores liderados por técnicos agrícolas, que arriendan tierra
para desarrollar explotaciones cuando hay expectativas de buenos precios.
Representan capitales móviles, ya que no suelen comprar tierras.
9 De acuerdo con
estimaciones de Márgenes Agropecuarios de diciembre de 2001.
10 Qaim y Cap (2002) y Qaim
y DeJanvry (2003) presentan resultados similares sobre la misma encuesta.
11 Es significativo el
editorial crítico de La Nación (2004b) -un diario cercano a los intereses del
campo y que ha editorializado varias veces a favor de la biotecnología
agrícola- donde se sostiene que "el fin de la desafectación ha sido sólo
económico y coyuntural", y que ésta pone en riesgo la seguridad jurídica.
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